por José Vicente Planelles Gómez
A punto de cruzar el ecuador de la campaña electoral llega el momento de que los partidos políticos hagan sus promesas electorales en distintas materias, sin ningún tipo de vergüenza o rubor, sabiendo de antemano que, muy probablemente, no van a ser capaces de cumplirlas.
Los hay quienes abiertamente celebran que si llegan al gobierno subirán considerablemente los impuestos, para alegría y aplauso de su electorado, sin medir las consecuencias que ello tiene sobre la inversión extranjera, por ejemplo, la fuga de capitales o incluso, movimientos dentro del propio territorio nacional. Hay otros que se limitan -escudándose en idearios socialdemócratas- a redistribuir los impuestos sin disminuir la carga fiscal sobre el ciudadano. Y luego están los que prometen que bajarán los impuestos cuando, habiendo tenido la oportunidad, no lo han hecho.
Pero la realidad es que vivimos en un país, con un gran y amplio estado del bienestar, que debería ser el orgullo de Europa y del primer mundo, a pesar de que los propios españoles lo despreciamos. Un país en el que la mayoría de los servicios básicos tiene una amplia cobertura a pesar de los recortes y privatizaciones y que, a su vez, es muy costoso de mantener. También tenemos una descomunal estructura de estado, con un gobierno central, 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 50 provincias, otras tantas diputaciones, un sinfín de ayuntamientos y demás agrupaciones locales o regionales de distinto rango. Y todo eso y algo más, es lo que genera el gasto público que sufragamos los ‘españolitos’ con nuestros impuestos, mientras el gobierno de turno hace y deshace a su antojo. Y en el centro de toda esa vorágine, nos encontramos nosotros, los asesores fiscales, que debemos lidiar, por un lado con el cliente/contribuyente que muchas veces no es consciente de los impuesto que paga (para el siempre son muchos) y por otro lado la Administración, cuyo trato cada vez es más impersonal, despótico y arbitrario.
Con lo cual, yo he llegado a la conclusión de que, por mucho que hagan unos u otros gobiernos, el gastos de la administración, ya sea por unos concepto u otros, es el que es, que cada vez resulta más difícil reducir ese gasto público y que cada vez, es el contribuyente el que tiene que asumir con sus impuestos, el mantenimiento de ese gasto público.
Lo que no puede ser es que, si un pequeño empresario, decide iniciar un pequeño negocio, antes de empezar, debe dirigirse al ayuntamiento de su pueblo para poder solicitar la antigua licencia de apertura -ahora licencia ambiental- cuyo trámite es local. Pero claro, como es un ayuntamiento pequeño, a pesar de tener trabajando en él un número indeterminado de personas, no son capaces de realizar ciertos trámites como la gestión del cobro del IAE o las tasas de basuras, con lo que derivará su gestión a la diputación correspondiente. Pero claro, también debo darme de alta en la Seguridad Social y en Hacienda, para así poder cumplir con mis obligaciones tributarias, con lo cual nos dirigiremos a un nuevo organismo estatal. Pero como voy a tener un trabajador y establecimiento abierto al público, deberé hacer llegar a la Conselleria, la comunicación de apertura. Total, que antes de haber vendido una escoba, he tenido que pasar por un ayuntamiento, una diputación, una conselleria y dos organismos estatales como Hacienda y Seguridad Social, todos con sus correspondientes funcionarios y todos, con trabajo que hacer.
Que sí, que ahora todo eso de la Administración digital, el Documento Único Electrónico y los Puntos de Atención a Emprendedores está muy bien, pero mientras haya que tratar con Ayuntamiento, Diputación, Conselleria y Estado antes de empezar a trabajar, poca agilidad habrá. Circula por Internet, “el Día de la liberación fiscal”, que en España se ha establecido, para el 2015, en el 1 de julio. Es decir, de media, los españoles trabajamos para pagar impuestos, 182 días al año y a partir de entonces, es cuando empezamos a trabajar para nosotros. Entre seguridad social, IRPF, IVA, IBI, Impuestos Especiales y demás contribuciones, pagamos la mitad de lo que ganamos y esa es la presión fiscal que soportamos. El hecho que se privatice un hospital o se recorte en becas o se pague menos prestaciones por desempleo, no conseguirá rebajar nuestra factura tributaria ya que, vivimos en un estado fiscal y existe ese otro estado, no sólo el de los servicios públicos, que también debemos pagar y donde, todo lo que trabajamos y aportamos, es triturado por esa máquina implacable que es el Estado. En muchas ocasiones, el ciudadano (y el político también), confunde lo público con gratis y no es así.
La manera que tiene el Estado de ver el mundo empresarial es la siguiente: se mueve, lo gravo; se sigue moviendo, lo regulo; se deja de mover, lo subvenciono. Medidas como subir impuestos como proponen unos o bajar impuestos como proponen otros, no servirán para nada porque el problema es estructural no coyuntural, tenemos tal estructura de estado y tal gastos público, que es el que hay y no podemos apearnos del carro.
Los estados modernos acuden al déficit público y a la financiación, para poder suplir las necesidades actuales de gasto público, a costa de ingresos futuros con lo cual, desde que entró la moneda única en Europa, dado que los bancos centrales de cada país, ya no tienen potestad para subir o bajar el valor de su moneda, han sido los bonos y la deuda pública el nuevo juguete de la política monetaria de los países. Pero los estados deberían de empezar a practicar lo que yo denomino como “ecología financiera”. Si ahora que está tan de modatemas como el cambio climático y el mundo que queremos dejar a nuestros nietos con los actuales niveles de contaminación, pues esa misma mentalidad deberíamos tener con respecto a los recursos financieros de un país y su nivel de gasto y debemos pensar en las deudas que les vamos a dejar a nuestros nietos por querer gastar más ahora de lo que podemos generar.
El excesivo paternalismo estatal nos está convirtiendo en un país de mediocres donde, en muchas ocasiones, no nos interesa seguir trabajando o produciendo porque, lo que nos queda después de pagar los impuestos correspondientes, no nos compensa con el esfuerzo realizado. Si a partir de determinado nivel de ingresos, la carga impositiva es del 47%-49%, es decir, si yo, trabajando una hora más, casi 30 minutos de mí tiempo es para Hacienda, no me interesa trabajar, prefiero quedarme en casa. Y por el lado contrario de la escala también. Y si sin trabajar, percibo una prestación X pero, trabajando percibo una prestación X+2, pero para poder ir a trabajar, gasolina, mi esfuerzo, mi tiempo, es -3, no me interesa trabajar, me quedo en mi casa con X. De ahí que no se premie la actitud y sí la mediocridad.
El mundo global en que vivimos debe ser entendido y debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones de los gobiernos respecto a sus tributaciones. Mientras existan diferencias de tributación entre los diferentes territorios, cualquier medida encaminada a recaudar más vía impuestos, será ineficaz ya que los capitales se trasladarán hacia territorios de menor tributación. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos, en la media tomada por el gobierno valenciano de subir para 2016 el impuesto sobre patrimonio, con la intención de recaudar y de que “paguen más los que más tiene”. Con esta medida, y más en un impuesto como el del patrimonio cuyo efecto sobre el presupuesto del gobierno valenciano es muy limitado, se va a conseguir el efecto contrario. Según el gobierno valenciano, se quiere que, el 2% de la población valencia, que tiene el 25% de la riqueza, pague más por esa riqueza. Lo que no quiere entender el gobierno valenciano es que, el 1,5% de ese 2% tiene una riqueza ficticia ya que, parte está en inmuebles, con valores catastrales inflados y alejados a la realidad, o representa sólo el 5% de la riqueza. Y el resto, los verdaderos ricos, el 0,5% que tiene el 20% restante, no pagarán patrimonio porque, o bien lo podrán en sociedades exentas o bien trasladarán su domicilio fiscal a comunidades como Madrid, donde no se paga Impuestos de patrimonio y que está a hora y media de AVE. Con esa medida, no sólo perderá la recaudación del Impuesto sobre el patrimonio sino que también perderá el 50% del IRPF cedido por el Estado a las comunidades autónomas. Y eso sucede por la diferencia de tributación en los territorios y por la libertad de circulación de personas y capitales. Y esta conclusión, obvia y además legítima del contribuyente, la de optimizar el pago de sus impuestos, no se entiende por el estado ni la administración, dando igual su rango o su carácter estatal o autonómico. Sólo se piensa en recaudar sin medir las consecuencias.
