La crisis económica que atravesó nuestro país trajo consigo la aparición de los falsos autónomos en muchas empresas. Esta figura, tan generalizada en la actualidad, se ha utilizado para disminuir los costes de plantilla de forma significativa, lo que supone una ilegalidad. Esta práctica fraudulenta se basa en no realizar las tributaciones y cotizaciones correctas de los trabajadores a la Seguridad social.
Se denominan así porque a pesar de que se les considera autónomos, la situación es falsa, pues trabajan para una empresa dependiendo de las directrices del empresario como si fueran trabajadores por cuenta ajena.
Ahorrarse grandes cantidades de dinero en la Seguridad Social es el objetivo de las empresas, en las que los mayores perjudicados son los empleados. Estas personas no poseen un contrato laboral con la empresa, no tienen una nómina sino que cobran su trabajo a través de facturas para la entidad. Además, esta figura paga su cuota mensual de autónomo realizando sus declaraciones, mientras que la empresa se ahorra los gastos de cotización. En definitiva, no están sujetos a ningún tipo de convenio laboral.
La Inspección de Trabajo ha detectado fraudes en altas de autónomos que superan los trecientos mil casos.
Atención que este fraude tiene sus consecuencias. Por un lado perjudica a la empresa, que estaría obligada a cotizar por cada falso autónomo cuatro años a jornada completa, acompañado de una sanción que puede llegar a los 10.000 euros por trabajador; y por otra parte, a los empleados, que aceptando estas condiciones de fraude pueden arriesgarse a multas de 6.500€.
