El consejo de ministros aprobó el pasado 6 de julio la nueva ley de las pensiones, que sustituirá a la reforma impulsada por el PP en 2013. Además de la controvertida derogación del factor de sostenibilidad, el nuevo texto, que entrará en vigor en 2022, prevé garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC y acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal, endureciendo las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso de la jubilación.
Principales medidas impulsadas por la nueva ley de las pensiones
- Derogación del factor de sostenibilidad. Este factor, que penalizaba las pensiones por una mayor esperanza de vida, desaparece y es sustituido por el denominado Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional (MEI). Aún no tiene contenido, pero Gobierno y agentes sociales lo negociarán a lo largo del año para que se pueda poner en marcha en 2027. Según el ejecutivo, su objetivo es repartir de forma equilibrada entre las distintas generaciones el esfuerzo de asumir el coste de las pensiones.
- La revalorización de las pensiones dependerá del IPC. La futura ley prevé que las pensiones suban en enero con una media de las tasas de variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En caso de inflación negativa las pensiones no disminuirán, pero sí quedarán congeladas.
- Se penalizarán las prejubilaciones voluntarias. Los coeficientes reductores pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual. El mayor castigo lo sufrirán las personas que se jubilen a los 63 años con menos de 36 años y 6 meses cotizados, pues pasarían del 16% actual a un 21% de reducción. También aumentan las penalizaciones para quienes se prejubilen tres meses antes de la edad señalada y para aquellos que opten por retirarse de la vida laboral entre 20 meses y medio año antes de tiempo. Las nuevas penalizaciones entrarán en vigor en 2022, pero existen dos excepciones: para aquellos que estén cotizando por encima de la pensión máxima (su aplicación se hará progresiva en diez años) y quienes hayan sufrido un ERE durante la pandemia, que podrán prejubilarse con la anterior legislación si así lo prefieren.
- Incentivos al retraso de la jubilación. Se contempla una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.060 euros por cada año de jubilación demorada o una combinación de ambos.
- Limitación de las jubilaciones forzosas. No se podrá aplicar a trabajadores con menos de 68 años. Además, el trabajador afectado deberá tener garantizado el 100% del cobro de la pensión y la empresa tendrá que sustituir a esta persona por otro trabajador con un contrato indefinido a tiempo completo.
- Jubilación anticipada involuntaria. Se amplían las causas para acogerse a esta prestación a los trabajadores que hayan sido despedidos por causas objetivas y en los casos en los que el trabajador quiera rescindir su contrato voluntariamente por causas de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o acuerdo con su empresa.
- Ayudas al empleo de trabajadores mayores con baja médica. Se reducirán un 75% las cuotas empresariales para los trabajadores mayores de 62 años que estén en situación de incapacidad temporal.
¿Quién se verá afectado?
Se puede decir que esta reforma afecta a todo el mundo. Los pensionistas actuales recibirán la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, se borra el 0,25% que estaba en vigor y se vuelve a la actualización en función de los precios. Por su parte, los futuros pensionistas también se verán afectados, tanto por las penalizaciones como por los incentivos y la población general tampoco escapa a los efectos de la nueva ley, pues se ha incluido en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula por la que se realizará anualmente una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de entorno a un 2% del PIB. Lo que se traduce en que los 22.000 millones anuales que hasta ahora afrontaba la Seguridad Social correrán a cargo del Estado.
¿Cuándo entrará en vigor?
Esta reforma que, según el gobierno, está pensada para que dure 25 años, llegará al Congreso a lo largo de este mes de julio y se prevé que el resto de las medidas que completarán la nueva ley de pensiones se concreten el próximo año. La intención del ejecutivo español es que el nuevo texto, que el gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan del Recuperación y Resiliencia, entre en vigor antes de que finalice la legislatura.
Nuevos derechos
La reforma de las pensiones incluye una batería de medidas por las que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos que ya se contemplaban en la anterior norma. Entre ellos destacan la equiparación de las pensiones de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho de cotización por todos los programas de formación (becas), vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.
