Los expertos han coincidido en señalar que la entrada en vigor de determinadas iniciativas legales recientes afectará a las sociedades ya que dispondrán de menos dinero para repartir beneficios.
En concreto, la aplicación en el 2017 de la nueva Ley de Auditoría -fruto de la adaptación de la normativa española a la directiva del Parlamento Europeo- supondrá, entre otras cuestiones, la obligación de amortizar el fondo de comercio, cuando se haya adquirido a título oneroso, con una vida útil general de 10 años y que los inmovilizados intangibles reconocidos contablemente pasen a considerarse como amortizables en 10 años cuando su vida útil no pueda estimarse de manera fiable.
Esta medida, pensada en principio para las pymes, afecta a empresas de sectores muy variados como seguros, infraestructuras, gas o hidrocarburos, que han comprado mucho y elaborado unos planes de recuperación de inversiones, que tardarán más de lo previsto en cumplir puerto que van a obtener menos beneficios anuales.
Los expertos señalan que la amortización puede realizarse con carácter retroactivo o prospectivo, pero en este último caso se necesita disponer de un patrimonio muy grande, porque va contra reservas y hay que tener mucho cuidado para no caer en situaciones que provoquen la disolución.
Esta no es la única norma que afectará a la merma de los resultados de muchas compañías. La Norma Internacional de Información Financiera 15 no entrará en vigor hasta 2018, pero afecta a las cifras de 2017.
El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Con esta norma se pueden adelantar los ingresos y unificar el marco normativo para homogeneizar los estados financieros de las sociedades en cada sector.
Finalmente, la Norma Internacional de Información Financiera 16 elimina el modelo de contabilidad dual para arrendatarios y obliga a los arrendatarios a revisar todos sus contratos de arrendamiento, lo que en las grandes empresas supondrá analizar miles de ellos, puesto que el contrato se convierte en un pasivo y un activo equivalente, con el derecho de uso del bien como objeto. Las empresas deberán aplicar un reconocimiento de gastos en la mayoría de los contratos, aun cuando abonen rentas anuales constantes.
