Ya es público, el gobierno ha confirmado que aquellos cuyas rentas superen los 140.000 o 150.000 euros tendrán una subida del IRPF de varios puntos (de entre tres y cuatro). Según los cálculos del gobierno, esta medida afectará a menos del 0,5% de los contribuyentes.
Esta propuesta, según ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya figuraba en los presupuestos alternativos que el PSOE presentó cuando estaba en la oposición hace unos meses.
Según la propuesta del PSOE «el tipo marginal máximo de la escala estatal está en el 22,5% y se aplica a partir de 60.000 euros. La propuesta consiste en crear tipos incrementados superiores para los tramos más altos de renta; estableciendo un tramo al 26,5% a partir de 150.000 euros de renta se obtendrán 400 millones de recaudación adicional».
Dado que en nuestro ordenamiento legislativo actual también tienen cabida los tramos autonómicos del IRPF, en algunas comunidades como Cataluña, Andalucía o Asturias -donde el gravamen más elevado- el IRPF final puede alcanzar el 52%.
El gobierno tiene previsto acometer otros cambios en el panorama fiscal como son los impuestos ya anunciados a las grandes tecnológicas, los nuevos impuestos medioambientales, el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad a las transacciones financieras.
Es precisamente dentro del marco de los impuestos medioambientales donde se enmarca el aumento de la presión fiscal al diésel, en palabras de la propia Ministra a los medios de comunicación “el Gobierno está analizando todos los impuestos medioambientales y, dentro de ellos los expertos proponen la equiparación progresiva del gravamen del diésel y la gasolina, que no se hará de una sola vez.
El gobierno también busca la reforma de las Sicavs, al considerarlas como una posible vía de evasión fiscal. Según la Ministra la intención del Gobierno no es acabar con esta figura, sino tener una «mirada crítica» y someterla a un «mayor control» para que no se use con el objetivo de ocultar patrimonios.
