Según informa la Agencia Tributaria, en el ejercicio de 2016 ha obtenido 14.883 millones de euros como resultado de su labor en la prevención y lucha contra el fraude.
Con respecto a la actividad inspectora, se han impulsado un total de 108.338 actuaciones de comprobación e investigación, por encima de las 107.580 del año anterior. Paralelamente, el año pasado se realizaron minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar que han permitido elevar cuotas tributarias por importe de 3.705 millones de euros, de las cuales un 40% se corresponden con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Los resultados de estas actuaciones no computan en los resultados de control de la Agencia al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, pero, como señala la entidad, resultan de gran trascendencia a los efectos de ensanchar futuras bases imponibles y elevar la recaudación.
Destacan las actuaciones realizadas por el Área de Inspección con el apoyo de personal de las Unidades de Auditoría Informática. Las UAI participaron en 2.021 actuaciones de estas características en 2016, un 24% más que el año anterior. En el caso de las visitas presenciales, directamente centradas en la detección de economía sumergida, se realizaron 24.491 actuaciones, un 12% más que en 2015, destacando el incremento del 49% en las destinadas a aflorar alquileres opacos. En relación con el control de la facturación, medios de pago y uso de efectivo se han efectuado 534 visitas, un 75,6% más que el año anterior, y se han iniciado 7.263 expedientes de análisis de denuncias en relación con el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, un 19,3% más que en 2015.
En el Área de Recaudación destaca muy especialmente la fuerte reducción de la deuda pendiente de cobro, que descendió un 6,9% hasta los 45.849 millones de euros, la mayor registrada nunca en la Agencia Tributaria. También se han efectuado 26.145 investigaciones de movimientos financieros, un 16,3% más que el año anterior. Además, se han adoptado 3.839 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales y se han abierto 343 expedientes (un 41% más que el año anterior) para la prohibición de disposición de inmuebles de sociedades con las acciones embargadas por pertenecer a un deudor con la Hacienda Pública.
El informe completo de los resultados puede leerse en este enlace.
