Tal y como han manifestado desde la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) y el Consejo General de Economistas, estas entidades han pedido que los clientes puedan deducirse los gastos de asesoría en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o parte de los mismos que gestionan a través de ellos.
Las EAFI surgieron a principios de 2009, cuando una notificación de la CNMV concretaba la definición reflejada en la primera edición de la Directiva Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros. Su aparición supuso la democratización del asesoramiento financiero, al aparecer un nuevo actor en el mercado de los consejeros en materia de inversiones financieras.
Tienen un estatus inferior a las agencias y las sociedades de y su misión principal es aconsejar a particulares y sociedades en sus inversiones financieras.
Una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicaba que los asesores de las instituciones de inversión colectivas, ya sean fondos o sociedades de inversión de capital variable, estaban exentos de pagar el impuesto de valor añadido que en España es del 21%.
La sentencia señala que “los servicios de asesoramiento sobre inversión en valores mobiliarios prestados por un tercero a una sociedad de inversión de capitales o gestora de un fondo de inversión están comprendidos en el concepto de gestión de fondos de inversión”. Por ello, no cabe que se les aplique el IVA.
Desde el sector reconocen que esta mayor carga impositiva es una discriminación para el particular que quiere utilizar los servicios de una EAFI, motivo por el que piden estar exentos de pagar el IVA los pequeños inversores usuarios de estas sociedades.
